La comisión de cultura del Parlamento comunitario ha dado luz verde a la reforma de la directiva de comunicación audiovisual, la cual va a traer cambios en algunas de las reglas más importantes del negocio de las televisiones privadas que operan en los Estados miembros.
Está previsto que esta revolución en el sector sea aprobada a finales de 2017 y, según los plazos fijados, debería trasponerse a los países miembros en un plazo máximo de un año. Lo que significa que España deba adoptar la normativa antes de que finalice el año 2018 o a comienzos de 2019 como plazo máximo. Exponiéndose, de no ser así, a sanciones y multas de la Unión Europea, según ha confirmado Santiago Fisas, europarlamentario del PP y miembro de la Comisión de Cultura, que votó el borrador de la nueva normativa audiovisual.
Estas modificaciones implicarán necesariamente un cambio en la actual Ley General de Comunicación Audiovisual, vigente desde hace ahora 7 años, y supondrán el fin del actual límite de doce minutos de anuncios por cada hora de programación, con un bloque máximo de siete minutos. En su lugar, y buscando la flexibilidad, se establecerá un límite del 20% de la programación diaria de una cadena, un porcentaje que también deberá respetarse durante los horarios de máxima audiencia para evitar la saturación publicitaria.
En el ámbito de internet, la normativa española también deberá encajar las nuevas limitaciones a las plataformas de distribución de vídeos (Facebook, Twitter y Youtube) para velar por la protección al menor y la prohibición de discursos de odio, pues la Unión Europea quiere que se establezcan mayores filtros y calificaciones a la hora de subir cada uno de estos vídeos.
Por otra será necesario también encontrar la manera de equiparar las reglas de las televisiones tradicionales a las plataformas Over the top (OTT) como Netflix, HBO o Amazon. En este sentido, la Unión Europea exigirá un mínimo de producción europea del 30% a estos operadores, pero además abre la puerta a que los Estados miembros cobren una tasa a estas plataformas para que apoyen la producción local.
Algunas fuentes del sector consideran que esta situación será el momento idóneo para ocuparse también de otros asuntos susceptibles a mejoras, como es el futuro de RTVE. El sistema de financiación de la Corporación establecido en la ley de 2010 no ha funcionado y sus directivos piden un cambio urgente, ya sea vía flexibilización de los actuales patrocinios culturales o explorando nuevas formas de financiación de publicidad.En cuanto a las producciones cinematográficas, en estos momentos España cobra un 5% de sus ingresos de explotación brutos a las televisiones para que aporten al cine, una aportación que las cadenas consideran que debe realizarse en base a la rentabilidad, y no por imposición.
La hoja de ruta para el segundo dividendo digital comenzará a desarrollarse en doce meses bajo la lupa del grupo Televisión Abierta. Aprovechando la coyuntura, Uteca y las televisiones comerciales piden una urgente actualización que garantice la estabilidad jurídica de las televisiones y que blinde las licencias. Unas adjudicaciones que gracias a la última normativa europea de Telecomunicaciones estarían avaladas al menos hasta 2030 en el espacio radioeléctrico tradicional.
El último punto que se plantea es la delimitación de las competencias de los reguladores audiovisuales, lo que deriva en la formalización de un Grupo Europeo de Entidades de Regulación (ERGA, por sus siglas en inglés).
En España estas competencias las tiene la CNMC a la espera de la creación de un Consejo Audiovisual a nivel estatal.
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